El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) enfrenta una nueva controversia sobre el alcance de su financiamiento científico. Según reportó Max Kozlov en Nature —citado por Forbes—, nombrados políticos de la administración Trump han estado «marcando y congelando solicitudes de becas enfocadas en política», incluso cuando esas solicitudes ya habían sido aprobadas por revisores científicos y personal del NIH.
Kozlov detalló que decenas de aplicaciones fueron devueltas a los responsables de programa con instrucciones de eliminar la palabra «policy» y sus derivados, y de determinar si las propuestas podían «salvarse». No queda claro si la restricción se extiende a sinónimos como «regulación», «lineamiento» o «estrategia».
El punto más significativo, sin embargo, va más allá de la semántica. Documentos internos del NIH obtenidos por Nature y citados por Kozlov señalan: «Los legisladores no son considerados un grupo de interés dentro del alcance de la misión del NIH. La investigación financiada por el NIH debe empoderar la toma de decisiones por grupos de interés relevantes para la misión del NIH». Los grupos listados como «relevantes» son pacientes, trabajadores de salud, hospitales y científicos.
Esa definición excluiría, según la lectura del autor de Forbes, a quienes toman decisiones de política pública: presidentes, gobernadores, congresistas, funcionarios de gabinete, jueces y líderes empresariales, entre otros. El autor cuestiona la coherencia de esa exclusión dado que prácticamente ningún problema de salud —obesidad, enfermedades crónicas, violencia armada, contaminación— es ajeno a decisiones de política pública.
No es la primera señal de este tipo. El mismo autor detalló previamente en Forbes que mencionar cualquiera de 197 palabras —entre ellas «women», «female», «bias» y «race»— en una solicitud a agencias federales como el NIH o la Fundación Nacional de Ciencias podía activar un escrutinio adicional bajo la administración Trump.
Forbes indicó haber contactado al NIH para obtener aclaraciones, sin respuesta publicada al cierre de esta nota.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el debate de fondo no es semántico: es sobre quién controla el flujo de evidencia que alimenta las decisiones públicas. La investigación financiada con dinero de los contribuyentes tiene valor precisamente cuando sus conclusiones llegan a quienes diseñan reglas. Bloquear ese canal no reduce el gasto estatal ni mejora la asignación de recursos; simplemente desconecta la ciencia del proceso regulatorio, dejando ese espacio libre para la discrecionalidad burocrática o el lobby sin contrapeso empírico. Capital busca reglas claras, y las reglas claras se construyen mejor con evidencia que sin ella.
