Iliana Lick recuperó la libertad el viernes pasado tras permanecer aproximadamente un mes en un centro de detención en Nuevo México. La niñera argentina de 30 años había sido arrestada el 11 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a viajar.
Al regresar a esa ciudad, Lick habló con NBC Philadelphia. «Me trataron como una delincuente y eso no está bien», declaró. «Hay personas que no son criminales, que tienen familias y son trabajadoras. Hay mucha gente que no merece esto en absoluto», agregó.
El perfil migratorio de Lick
Lick llegó a Estados Unidos desde Argentina en 2023 con una visa de turista, posteriormente prorrogada. Al momento de su arresto tenía una solicitud de asilo pendiente y aguardaba una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Su abogada de inmigración, Ferreira, sostuvo que Lick «nunca estuvo ni un solo día de forma ilegal» en el país y que «estaba haciendo todo lo posible para intentar permanecer en Estados Unidos legalmente».
Ferreira también señaló que la detención ocurrió durante un viaje dentro del territorio estadounidense, algo que, según explicó, personas en circunstancias similares habían podido realizar anteriormente sin inconvenientes. «Es impactante. Llevo 11 años haciendo esto y nunca nos habíamos encontrado con algo así», dijo la abogada.
Tras su liberación, Lick debió pagar una fianza de 10.000 dólares y esperar varios días para completar trámites administrativos antes de abandonar el centro de detención en Nuevo México. Al llegar al aeropuerto de Filadelfia fue recibida por su novio, Melchiorre.
«Estoy en shock, todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada», admitió. También expresó gratitud por el apoyo recibido: «Me siento muy bendecida. No puedo creer toda la gente que me está apoyando, tanto acá en Estados Unidos como en Argentina».
Lectura editorial
El caso Lick ilustra la tensión inevitable entre dos principios legítimos: el derecho soberano de un Estado a controlar sus fronteras —pilar de cualquier orden jurídico serio— y la obligación de que ese control opere con precisión quirúrgica, no con redes que atrapan a quienes siguen el proceso legal.
Una persona con solicitud de asilo activa, sin antecedentes y a la espera de una cita con USCIS no es el perfil que justifica un mes de detención y una fianza de cinco cifras. El enforcement migratorio gana legitimidad cuando distingue con claridad entre quien burla la ley y quien la transita. Confundir ambos perfiles no refuerza la soberanía; la desgasta ante la opinión pública y encarece el sistema para el contribuyente sin mejorar los resultados.
