Los números primero. Nicaragua desembolsó cerca de 130 millones de dólares en compras de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) durante 2025, según datos oficiales publicados por La Prensa. En los primeros meses de 2026, el gasto ya alcanzó 65.77 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua.
El modelo es simple: adquirir electricidad barata en países vecinos y revenderla —tanto en el mercado interno como en el externo— a precios superiores. El nuevo cliente es Honduras. Desde el año pasado, Nicaragua suministra 30 megavatios a ese país a un precio que ronda los 8 centavos de dólar por kilovatio hora, frente a los 16 centavos que cuesta generarla localmente, según declaraciones de Héctor Corrales, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de Honduras. El Congreso Nacional hondureño ratificó además contratos para la compra de 80 megavatios adicionales a través del MER.
Para Honduras el trato luce favorable: alivia problemas de abastecimiento y reduce pérdidas de un sistema de distribución obsoleto. Para Nicaragua, el arbitraje genera márgenes. El problema está en quién captura esos márgenes.
Especialistas citados por La Prensa califican el modelo de «contradictorio»: las empresas del sector eléctrico aumentan sus ganancias, pero los usuarios nicaragüenses pagan algunas de las tarifas más altas de la región. Según datos de GlobalPetrolPrices difundidos por el mismo medio, el precio residencial promedio en Nicaragua es de 0.176 dólares por kilovatio hora y el industrial de 0.211 dólares, ambos por encima de los promedios regionales y globales.
El régimen de Daniel Ortega presenta la situación como un éxito de transformación energética. El ministro Salvador Mansell destacó que la capacidad instalada pasó de 754 megavatios en 2006 a 1,718 megavatios en 2026, con un 54.4% proveniente de fuentes renovables. Sin embargo, según La Prensa, Mansell omitió el papel de las inversiones privadas extranjeras en ese avance.
La paradoja es estructural: pese al crecimiento de la capacidad instalada y una cobertura eléctrica cercana al 100%, la importación de energía casi se duplicó en los últimos cinco años. El Estado apostó por megaproyectos como Tumarín que no se concretaron, lo que mantiene la dependencia del MER.
La investigación de La Prensa señala que entre los principales beneficiarios del modelo figuran empresarios del sector eléctrico y figuras vinculadas al gobierno de Ortega, incluyendo a la familia Murillo.
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El mercado ya votó, aunque el régimen no lo admita. Cuando un Estado compra energía en el mercado regional, la revende con margen y aun así cobra al consumidor local por encima del promedio global, la pregunta no es técnica: es de captura de rentas. El aparato estatal nicaragüense no falló en construir una matriz eficiente; eligió un modelo donde la ineficiencia es el negocio. Capital busca reglas claras, y en Nicaragua las reglas están escritas para unos pocos. Mientras eso no cambie, la tarifa seguirá siendo el impuesto silencioso que pagan los hogares para financiar los márgenes del círculo cercano al poder.
