México necesita un ajuste fiscal equivalente al 2,4 % de su producto interno bruto para estabilizar su deuda. Así lo advirtió Moody's Ratings este jueves en un reporte que abarca 18 economías de América Latina y el Caribe.
La calificadora señala que el balance fiscal proyectado para México en 2026 es más débil que el requerido para estabilizar la deuda. Solo Trinidad y Tobago y Brasil presentan necesidades de consolidación mayores en la región.
Moody's mantiene a México en Baa3 con perspectiva estable, pero el diagnóstico es severo: la deuda mexicana creció 14 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2025. El gasto de las administraciones públicas aumentó alrededor del 2 % del PIB al comparar el promedio de 2015-2019 con el de 2021-2025.
El gasto rígido, el verdadero ancla
El informe apunta directamente a la composición del presupuesto. Las transferencias representan una proporción elevada del gasto rígido y registraron aumentos persistentes después de la pandemia. Moody's define como gasto rígido los pagos de intereses, subsidios, transferencias y salarios públicos: partidas obligatorias o difíciles de reducir por razones legales, contractuales, políticas o sociales.
Esa rigidez limita el margen para responder a choques o reducir déficits. Y la alternativa más tentadora —recortar inversión pública— genera ahorros a corto plazo pero puede debilitar el crecimiento económico a mediano plazo, advierte la agencia.
El federalismo fiscal complica el ajuste
Moody's identifica otro obstáculo estructural: el Gobierno federal debe compartir parte de la recaudación tributaria con los gobiernos locales mediante participaciones. Esto implica que los incrementos de ingresos o los recursos adicionales derivados de reformas tributarias no benefician plenamente el ajuste fiscal federal. El efecto crediticio, precisa la calificadora, dependerá de que se traduzcan en mejoras sostenidas del balance primario y de la trayectoria de la deuda.
El reporte no anuncia ninguna acción de calificación crediticia. Moody's señala que mejorar la eficiencia del gasto puede contener presiones futuras sin debilitar los servicios públicos ni la inversión.
La lectura de Ágora Capital
El diagnóstico de Moody's confirma lo que el mercado ya venía descontando: años de expansión del aparato estatal y de transferencias crecientes dejaron al fisco mexicano sin colchón ante cualquier desaceleración. Un ajuste del 2,4 % del PIB no es un número técnico menor; es el costo acumulado de priorizar el gasto social discrecional sobre la sostenibilidad fiscal.
El problema de fondo no es solo de cifras: es de incentivos. Cuando el gasto rígido crece más rápido que los ingresos y el federalismo fiscal diluye el efecto de cualquier reforma tributaria, el margen de maniobra se estrecha hasta casi desaparecer. Capital busca reglas claras, y México hoy ofrece lo contrario: una trayectoria de deuda al alza, transferencias difíciles de revertir y un ajuste que nadie en el gobierno ha explicado cómo ejecutar sin sacrificar la inversión productiva.
