Moody's Ratings incluyó a Panamá en un análisis de 18 economías de América Latina y el Caribe, y el diagnóstico es incómodo: las leyes especiales que obligan a elevar salarios en salud, educación y seguridad reducen el margen de maniobra del Gobierno para ejecutar un ajuste fiscal efectivo.
Los números hablan solos. En 2026, el cumplimiento de esas leyes especiales representó $312 millones para el fisco. Para 2027, el presupuesto deberá absorber $340 millones adicionales destinados exclusivamente a aumentos salariales automáticos y otros compromisos legales. El presupuesto total de salarios del sector público para 2027 asciende a $7,923.6 millones, de los cuales $5,084.1 millones corresponden solo al gobierno central.
La calificadora señala que estas disposiciones han provocado, en determinadas ocasiones, que los salarios del sector público aumenten a un ritmo superior al crecimiento nominal de la economía. Eso no es gestión: es piloto automático presupuestario.
El peso del gasto rígido es estructural. Entre 2021 y 2024, cerca del 70% del gasto del gobierno central correspondió, en promedio, a salarios, pagos de intereses, subsidios y otras transferencias corrientes. Moody's advierte además que parte del gasto de capital también puede estar sujeto a obligaciones contractuales, lo que significa que la cifra agrega podría subestimar la rigidez real.
El flanco de la deuda agrava el cuadro. Panamá registró un incremento de 22 puntos porcentuales en su relación deuda/PIB entre 2019 y 2025, uno de los mayores saltos entre los 18 países analizados. La mediana regional pasó de 45% del PIB en 2019 a 55% en 2025. Para estabilizar su deuda en 2026, Moody's estima que Panamá requiere un ajuste fiscal adicional equivalente a 0.2% del PIB, aunque advierte que el esfuerzo real en el gobierno central podría ser mayor.
Los subsidios suman presión adicional. Este año se presupuestaron $2,486.6 millones en transferencias y subsidios, frente a $1,747.4 millones en 2025. Para 2027 la partida sube a $3,400 millones, un incremento de $913.4 millones equivalente a 36.7%. Entre 2019 y 2024, Panamá experimentó simultáneamente un aumento del gasto rígido y una reducción del gasto de capital, combinación que deja poco espacio para recortes sin sacrificar inversión productiva.
El ministro de Economía y Finanzas, Chapman, ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de reformar las leyes que generan estas rigideces. Sin embargo, según la fuente, su despacho no ha presentado aún las propuestas legislativas ante la Asamblea Nacional.
Lectura editorial. Capital busca reglas claras, y lo que Moody's describe es lo opuesto: un aparato estatal cuyo gasto crece por mandato legal independientemente del ciclo económico. El problema no es que Panamá pague salarios en salud o educación; el problema es que el ritmo de ese gasto está desconectado de la productividad y del ingreso fiscal. Mientras los subsidios escalan 36.7% en un solo ejercicio presupuestario, el margen para invertir en infraestructura o reducir deuda se contrae. El Gobierno de Mulino tiene el diagnóstico correcto —Chapman lo dice en público— pero la reforma sigue en el cajón. En economías donde la confianza del inversor depende de la trayectoria fiscal, la intención sin proyecto de ley no mueve ningún indicador.
