El vocero presidencial Adrián Ravier admitió ante LA NACION que buena parte de lo recaudado por el fondo fiduciario «Sistema Vial Integrado» (SisVial) se utiliza para «lograr el equilibrio fiscal». El dato no es menor: el Gobierno recaudó $1,5 billones con destino legal a construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial, ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos.
El SisVial fue creado por el decreto 976/01 y capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo específico fijado por ley. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación del fondo.
Esa misma situación fue la que, hace casi un año, unió a los 23 gobernadores provinciales y al jefe de gobierno porteño en un reclamo conjunto ante la Casa Rosada. Los mandatarios consensuaron dos proyectos de ley: uno para que se girara el porcentaje del impuesto a los combustibles destinado al mantenimiento de rutas, y otro para una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El argumento que logró sumar a los aliados del oficialismo fue que las provincias no pedían recursos del bolsillo de la Nación, sino los que ya les correspondían.
La presión, sin embargo, se fue diluyendo. El mecanismo fue claro: acuerdos individuales y giros de montos bajos que le servían al Gobierno para salir del paso y, al mismo tiempo, le resultaban útiles para construir mayorías en el Congreso. Tras la victoria oficialista en las legislativas, el ímpetu de los gobernadores se enfrió.
El proyecto de distribución del impuesto a los combustibles líquidos tiene media sanción del Senado pero no avanzó en Diputados. Con la eliminación de una serie de fideicomisos y fondos vinculados a infraestructura, transporte y vivienda, las provincias pasarían a recibir el 57% del total en lugar del actual 25%. Para la Nación implicaría dejar de percibir 0,08% del PIB hasta diciembre —equivalente a 0,16% del PIB en términos anuales.
En el caso de los ATN, el Senado rechazó en septiembre pasado el veto del presidente Milei a la ley que buscaba eliminar la discrecionalidad en su distribución. La definición pasó a Diputados, donde no se trató. El fondo ATN, creado en 1988 por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, se integra con el 1% de la masa total de impuestos coparticipables. A diferencia del resto de los recursos, su administración no es automática sino discrecional. Lo que no se reparte se computa como ingreso de la Nación y contribuye al superávit.
En las últimas semanas se avanzó en el traspaso de caminos con los gobernadores Pullaro (Santa Fe) y Orrego (San Juan), mientras hay tratativas con Llaryora (Córdoba) y Jalil (Catamarca).
La lectura de Ágora Capital. El equilibrio fiscal es un objetivo legítimo y necesario; el ajuste argentino ha sido la señal más potente que el país ha enviado a los mercados en décadas. Pero sostener el superávit reteniendo fondos con destino legal específico —y colocándolos en plazos fijos mientras las rutas se deterioran— no es disciplina fiscal: es diferimiento de costos hacia las provincias y los usuarios. Capital busca reglas claras, y una regla que se aplica de forma discrecional no es una regla. El riesgo de fondo es que la ingeniería contable reemplace a la reforma estructural del gasto, y eso, tarde o temprano, el mercado lo descuenta.
