La BBC presentó el viernes una solicitud ante un tribunal federal para que se le permita citar a Ivanka Trump, Donald Trump Jr. y Jared Kushner como parte de la demanda por difamación que el presidente Trump interpuso contra la cadena británica. El obstáculo es concreto: los tres cuentan con protección del Servicio Secreto, que ha impedido la notificación en persona requerida por ley.
Agentes de seguridad bloquearon al medio cuando intentó notificar a Kushner e Ivanka Trump en su residencia de Florida, y dirigieron a los representantes de la BBC a tramitarlo a través del Servicio Secreto. En Nueva York, la notificación a Donald Trump Jr. en el Trump Tower también fue rechazada. El propio Servicio Secreto comunicó a la BBC que «no está autorizado para aceptar la notificación de estas citaciones».
Ante ese callejón, la BBC pidió al tribunal autorizar métodos alternativos: correo certificado o notificación a los abogados de los citados. Los abogados de Trump se oponen a la solicitud, según consta en el expediente.
Por qué importan estos testimonios
La BBC argumenta que los tres tienen «conocimiento personal» relevante para determinar la intención de Trump detrás de su discurso del 6 de enero. Según el escrito, Ivanka Trump y Donald Trump Jr. estuvieron presentes cuando el presidente revisaba y pronunciaba el discurso. Kushner, por su parte, redactó un comunicado —que nunca se emitió— en el que Trump habría condenado la violencia de ese día.
El caso gira en torno a si fue «materialmente falso» implicar que Trump incitó a la violencia. El documental «Panorama» de 2024 editó el discurso de forma que, según Trump, alteró su sentido: la BBC yuxtapuso la frase «vamos a caminar hacia el Capitolio» con el llamado a «luchar como el infierno», cuando en realidad ambas expresiones estuvieron separadas por más de 50 minutos. La BBC se disculpó por haber dado «la impresión errónea» de que Trump hizo un llamado directo a la violencia, pero niega que la edición sea difamatoria y ha pedido el sobreseimiento de la causa.
Trump presentó la demanda en diciembre, reclamando 10.000 millones de dólares en daños. La semana pasada actualizó su queja ante el tribunal, reduciendo el alcance de sus reclamaciones: eliminó las alegaciones de daño a su marca y negocios, y limitó la acción al perjuicio a su reputación personal. Esa modificación tiene consecuencias procesales: la BBC había usado las reclamaciones comerciales para justificar una citación de documentos financieros del fideicomiso que administra los activos del presidente, incluyendo información sobre unas 400 empresas vinculadas a Trump. Con la demanda reducida, aún está por resolverse qué documentos financieros deberán entregarse.
La lectura de Ágora Capital
El litigio ilustra una tensión que el mercado observa con atención: cuando el Estado extiende su aparato de seguridad a familiares y colaboradores de un mandatario, ese paraguas puede convertirse —intencionalmente o no— en un escudo procesal frente a la justicia civil ordinaria. No se trata de un juicio sobre la culpabilidad de ninguna de las partes; se trata de reglas claras. Un sistema donde la protección pública bloquea el acceso a testimonios privados en litigios comerciales genera precedentes que afectan a cualquier empresa o particular que litigue contra intereses vinculados al poder. Capital busca reglas claras, y eso incluye que los procesos judiciales puedan completarse sin que el aparato estatal los obstaculice.
