La derrota parcial en el Senado dejó una herida visible dentro del Gobierno de Javier Milei. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llegó a la Cámara alta con dos capítulos que no sobrevivieron: el que modificaba la ley de Tierras —habilitando la compra de campos por extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. Para evitar el naufragio completo, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirarlos del texto. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble.
El diagnóstico interno fue directo: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. Según la fuente, «el coloso» lo filtró y publicó en X sin avisar a los legisladores. El cuestionamiento se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, lo que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector. Desde el Gobierno sintetizaron la lección: «Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas».
Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada. Sturzenegger fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue claro: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso. La reunión se extendió por casi tres horas y sirvió para reordenar el calendario parlamentario.
El Gobierno definió sus prioridades. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. En el Senado, el esfuerzo apuntará a la eliminación de las PASO, que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, aunque enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados.
Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía permanecen sin fecha de tratamiento. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves. El vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó que Sturzenegger cuenta «con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno», aunque el ministro asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia.
El único engranaje que opera sin fricciones es el de las designaciones judiciales. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados.
Lo que el episodio revela es un problema de método, no de rumbo. La agenda desreguladora de Sturzenegger apunta en la dirección correcta para la libre empresa y la propiedad privada; el error fue saltarse el proceso político que convierte buenas ideas en votos. Capital busca reglas claras, y las reglas se construyen también en el Congreso. El ajuste interno que impone Karina Milei no es una señal de retroceso ideológico: es la diferencia entre reformas que se aprueban y reformas que se archivan.
