Los números son difíciles de ignorar. La campaña de la gobernadora Hochul recibió $55,000 en 2022 de operadores de centros de cuidado adulto diurno —conocidos como Social Adult Day-Care, o SADC— que desde 2018 facturaron más de $40 millones al programa Medicaid del estado de Nueva York, según una investigación del New York Post.
El reportero Chadwick Moore rastreó las contribuciones y encontró que Baoli Zhang, descrito como un propietario importante de varios SADC en el barrio de Flushing, también entregó $7,800 al representante federal Grace Meng y $4,950 al senador estatal Liu. Ninguno de los centros ni sus propietarios ha sido formalmente acusado de irregularidades.
Lo que sí documentó el Post es que varios de esos centros estaban vacíos de clientes cuando sus reporteros los visitaron —aunque sí registraron actividad en las ocasiones en que políticos como Liu tenían previsto aparecer para hacer campaña ante votantes de la tercera edad.
Zhang, en un reporte de noticias en chino citado por el Post tras condenas federales por fraude en 2022, elogió los programas de Nueva York como «los mejores» del país por su «generosidad», y señaló que la «débil regulación gubernamental» y el uso de «reembolsos en efectivo» para captar clientes complicarían la situación para «operadores de negocios regulados». El Post interpreta esas palabras como una advertencia implícita sobre el riesgo de atraer atención.
Meng respondió que bienvenidas sean las «investigaciones de buena fe», pero rechazó lo que calificó como «campañas MAGA dirigidas contra ciudadanos mayores asiático-americanos». Liu, por su parte, dijo apoyar «investigaciones y procesamientos completos» donde se sospeche fraude, aunque cuestionó que los centros estén tan vacíos como el Post sugiere.
El programa Medicaid de Nueva York maneja $124 mil millones. Según el Post, el entonces secretario federal de Salud Becerra —hoy candidato a gobernador de California— redujo el equipo anti-fraude de su departamento de 80 investigadores a apenas seis durante la administración Biden. La fiscal general estatal Tish James también es señalada por el diario como operadora de «una de las unidades anti-fraude de Medicaid más inactivas del país».
La lectura de Ágora Capital es directa: cuando el aparato estatal administra $124 mil millones con supervisión mínima, el fraude no es una anomalía —es un resultado predecible. El dinero de los contribuyentes financia un programa diseñado para los más vulnerables; que termine en centros vacíos y en cajas de campaña es la consecuencia lógica de expandir el gasto sin fortalecer los controles. Reducir investigadores anti-fraude no es austeridad: es negligencia con consecuencias fiscales y morales. El libre mercado exige rendición de cuentas; la burocracia, al parecer, prefiere no mirar.
