La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud salió al paso. Calificó como «falsos» los señalamientos que el exsenador Álvaro Ashton y el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero entregaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El abogado Rubén Darío Henao Orozco tomó la palabra tras filtrarse la declaración de Severini. El exparamilitar fue integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fundador del Frente Pivijay. En su versión ante la JEP vinculó a Matera Lajud y a la empresa Camagüey.
Henao Orozco fue directo. Afirmó que los señalamientos de «el delincuente y asesino condenado Saúl Severini» no cuentan con ningún sustento. Añadió que «actualmente no existe ninguna acción penal en contra de la actual junta directiva ni de los representantes legales de la empresa».
El argumento central de la defensa descansa en una decisión fiscal previa. En junio, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ratificó la decisión de no abrir investigación contra los empresarios Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera Lajud por presuntos vínculos con las AUC, específicamente por el delito de concierto para delinquir agravado.
Esa decisión siguió a la revisión de declaraciones de excomandantes paramilitares. Entre ellos, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y otros exintegrantes de las AUC. El contraste de versiones llevó al fiscal a inhibirse de abrir investigación.
La resolución fue más lejos. La Fiscalía Octava Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar «concluyó la viabilidad de decretar la preclusión de la investigación por cuanto el hecho denunciado no existió y por ende los sindicados no lo cometieron».
La defensa citó ese fallo como «prueba plena» de que Matera Lajud «ya fue investigado, juzgado y exonerado de responsabilidad» frente al cargo de financiación a grupos armados.
Lectura editorial
El caso ilustra una tensión real del sistema de justicia transicional colombiano. La JEP recibe versiones de exparamilitares condenados sobre hechos que la justicia ordinaria ya investigó y cerró. El riesgo es conocido: el aparato de la justicia especial puede convertirse en escenario para reabrir expedientes que el proceso penal regular ya saldó con evidencia.
Capital e inversión necesitan reglas claras. Cuando señalamientos sin respaldo penal circulan en foros institucionales y se filtran a la prensa, el daño reputacional precede a cualquier sentencia. Eso no es justicia. Es riesgo jurídico fabricado, y el empresariado colombiano lo paga con cautela inversora.
