La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresó su «profunda desilusión» ante el Decreto 612/2026 del Poder Ejecutivo argentino. La entidad considera que la norma representa un retroceso respecto de la reforma laboral impulsada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El punto central del conflicto es la obligatoriedad de los aportes patronales especiales a cámaras y asociaciones previstos en los convenios colectivos. El proyecto original de la Casa Rosada establecía la estricta voluntariedad de esas contribuciones. El texto definitivo, en cambio, las reemplazó por un tope del 0,5% de las remuneraciones que el Decreto 612/2026 direcciona hacia fines sociales y asistenciales de los trabajadores, sin eliminar la carga obligatoria.
Cadam puso cifras concretas sobre la mesa. Según la entidad, las empresas están obligadas a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) «aunque el empleado no reciba capacitación». Con ese mecanismo, sostienen, se recaudan más de $30.000 millones al año, distribuidos entre determinadas cámaras empresarias «aun cuando las empresas no quieran asociarse a ellas».
«No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponer una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó», advirtieron desde la entidad.
La cámara fue explícita en su diagnóstico: «Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto».
Cadam aclaró, no obstante, que ratifica su respaldo al rumbo macroeconómico del Gobierno y al ordenamiento de las cuentas públicas. La crítica apunta específicamente a la letra chica del decreto, no al programa general de ajuste fiscal.
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El episodio ilustra una tensión recurrente en los procesos de desregulación: la distancia entre el anuncio político y el texto reglamentario. Cuando el aparato burocrático redacta los decretos de aplicación, las conquistas de la libre empresa tienden a diluirse en excepciones, topes y redirecciones de fondos que preservan, con otro nombre, la misma carga original.
Para el sector privado, $30.000 millones anuales canalizados de forma obligatoria hacia estructuras corporativas ajenas no es un detalle técnico: es costo laboral puro que erosiona márgenes y desincentiva la contratación formal. Capital busca reglas claras, y una reforma que promete voluntariedad para luego imponerla por decreto en sentido contrario envía exactamente la señal equivocada.
