El Congreso de Estados Unidos eliminó el impuesto de 200 dólares que la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934 imponía sobre silenciadores, rifles de cañón corto, escopetas de cañón corto y otras armas reguladas. La reducción a cero quedó incluida en la llamada One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), impulsada en gran medida por el representante Andrew Clyde, republicano de Georgia.
Tras la aprobación legislativa, grupos de derechos de armas argumentaron con éxito ante un juez que el requisito de registro federal adicional había quedado sin sustento constitucional al desaparecer el componente tributario. El fallo, sin embargo, aplica únicamente a las partes que presentaron la demanda y no constituye una orden nacional contra la ley, según informó Associated Press.
Clyde, fundador de Clyde Armory antes de llegar al Congreso, fue el principal impulsor de la iniciativa. «Si puedes gravar algo legítimamente, entonces puedes destruirlo mediante impuestos crecientes. Quizás tienes un derecho en papel, pero no tienes un derecho real porque no puedes costear ese derecho», declaró a Fox News Digital.
El legislador argumentó que la lógica se extiende más allá del impuesto: «Una vez que eliminas el aspecto tributario, eliminas también la constitucionalidad del aspecto de registro». Calificó el resultado como «la mayor restauración» del derecho a portar armas en casi cien años, aunque esa valoración es su opinión y no un hecho verificado de forma independiente.
La ley original de 1934 estableció el gravamen de 200 dólares junto con el registro obligatorio como mecanismo de control sobre esa categoría de armas. Los republicanos redujeron ese impuesto a cero dentro de la OBBBA, lo que abrió la puerta al argumento judicial que prosperó en este caso.
Clyde subrayó la dimensión constitucional más amplia del asunto: «Cuando proteges la Segunda Enmienda, que protege cada una de las otras enmiendas de la Constitución, creo que eso es el músculo detrás de la Constitución».
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra un principio que el mercado conoce bien: gravar un derecho es una forma de racionarlo por precio, y racionarlo por precio equivale a negárselo a quienes no pueden pagarlo. El Congreso no hizo más que reconocer esa realidad y corregirla noventa años tarde.
El fallo judicial que siguió no es una anomalía; es la consecuencia lógica de una legislación que recuperó coherencia interna. Capital busca reglas claras, y los ciudadanos también. Cuando el Estado deja de cobrar peaje por el ejercicio de un derecho, la legitimidad del aparato regulatorio que lo acompañaba se desmorona sola.
