Un estudio con casi 130,000 personas en 125 países encontró que el 89% considera que su gobierno debería hacer más frente al calentamiento global, y el 69% declaró estar dispuesto a contribuir el 1% de su ingreso mensual para financiar esa acción. La encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con 75,000 personas en 77 países, arrojó cifras similares: el 80% exige mayor acción climática a sus gobiernos.
Sin embargo, Ingmar Rentzhog, CEO y fundador de We Don't Have Time, documenta en Forbes 45 reversiones significativas de políticas climáticas en gobiernos e instituciones internacionales durante el último año. La pregunta es directa: ¿cómo pierde una mayoría del 89%?
El problema no es el tamaño, es la organización
La respuesta está en lo que los científicos sociales llaman «ignorancia pluralista». Cuando se preguntó a los encuestados cuántos de sus conciudadanos estarían dispuestos a contribuir ese 1%, la estimación promedio fue del 43%. La cifra real es 69%, y en los 125 países analizados la estimación siempre quedó por debajo de la realidad.
Ese error de percepción tiene consecuencias políticas concretas: una mayoría que se cree minoría permanece en silencio. El silencio refuerza la percepción de indiferencia, y los políticos leen exactamente eso.
El caso de Uxbridge ilustra la mecánica. En julio de 2023, una elección parcial en ese suburbio de Londres se definió por apenas 495 votos, en parte como reacción a un cargo sobre vehículos contaminantes. En dos meses, el gobierno británico postergó políticas clave de cero emisiones netas. Cuatro días después de la elección, una encuesta de YouGov mostró que el 71% de los británicos aún apoyaba el objetivo de cero emisiones para 2050, frente a solo el 16% en contra. Una minoría concentrada y movilizada superó a una mayoría dispersa y silenciosa.
La revuelta francesa contra el impuesto a los combustibles en 2018 siguió la misma lógica.
Lo que el análisis omite
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el argumento de Rentzhog merece leerse con cuidado. El texto asume que la mayoría tiene razón y que el obstáculo es puramente organizativo. Pero hay una pregunta que el análisis no formula: ¿quién paga?
El 69% que dice estar dispuesto a contribuir el 1% de su ingreso lo hace en una encuesta, no en una declaración de impuestos. La distancia entre la preferencia declarada y el comportamiento real frente a una carga fiscal concreta es, históricamente, enorme. Las revueltas de Uxbridge y Francia no fueron victorias de «minorías organizadas por el statu quo fósil», como sugiere el texto; fueron respuestas de ciudadanos de ingresos medios y bajos ante costos energéticos tangibles.
El mercado ya votó en esas urnas. Cuando el aparato estatal traslada el costo de sus ambiciones regulatorias al bolsillo del contribuyente, la mayoría abstracta de las encuestas se fragmenta en minorías muy concretas y muy enojadas. Eso no es un fallo de comunicación: es información de precios. Capital busca reglas claras, no mandatos que se reescriben cada ciclo electoral.
