El caso Lili Pink, que involucra presunto lavado de activos y contrabando por cifras que superan los $730.000 millones según la Fiscalía, atravesó el martes 11 de agosto una nueva jornada de tensión judicial en Bogotá.
El Juzgado 67 Penal Municipal de Control de Garantías, a cargo del juez Sánchez Beltrán, se negó a validar los procedimientos utilizados por la Fiscalía para obtener y revisar parte de la información recopilada durante la investigación. El despacho acogió los argumentos de la defensa, que se opuso a la legalización de información ya cuestionada en instancias anteriores. Los dispositivos electrónicos relacionados con el caso, sin embargo, permanecen bajo custodia y no fueron devueltos.
La Fiscalía interpuso recurso de apelación, concedido en efecto devolutivo, por lo que una instancia superior deberá revisar el alcance de la decisión.
Este episodio se suma al del 24 de julio, cuando el Juzgado 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías declaró la ilegalidad material y formal de información obtenida durante allanamientos, al detectar fallas en el procedimiento de obtención y legalización de evidencias.
En sentido contrario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), reconocida como víctima dentro del proceso, pidió al juez respaldar la solicitud de la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra los ocho procesados. La entidad considera que el ente acusador ha presentado elementos que evidenciarían, de manera presunta, la participación de los investigados en el entramado objeto de investigación.
Los ocho imputados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Ninguno aceptó cargos.
Según la teoría de la Fiscalía, el entramado habría utilizado empresas importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para introducir mercancías al país y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Las cifras señaladas incluyen $730.000 millones en presunto lavado de activos, más de $430.000 millones en posible enriquecimiento ilícito, mercancía aprehendida por valor superior a $54.000 millones y un posible contrabando que superaría los $75.000 millones.
En abril, la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, en un operativo desplegado en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos.
La lectura de Ágora Capital es directa: cuando el aparato estatal falla en la cadena de custodia de evidencias, no es la justicia la que pierde; es el contribuyente, que financia tanto a la DIAN como a la Fiscalía y que ve cómo presuntos esquemas de contrabando y lavado erosionan la competencia leal y la recaudación legítima. Capital busca reglas claras, y eso incluye que quienes presuntamente distorsionan el mercado con mercancía ilegal y dinero opaco enfrenten consecuencias reales. Los reveses procesales no absuelven; obligan a la Fiscalía a hacer mejor su trabajo.
