La Corte Suprema de California resolvió el lunes 10 de agosto que los gobiernos locales no pueden exigir procedimientos adicionales como condición previa para que un contribuyente presente un reclamo de devolución de impuestos bajo la legislación estatal. El fallo favoreció a Marathon Petroleum en su disputa con la ciudad de Carson, al sur del centro de Los Ángeles.
El tribunal autorizó a la compañía a recurrir al mecanismo establecido por la Government Claims Act y anuló las decisiones de las instancias inferiores: un juez del condado de Los Ángeles y una corte estatal de apelaciones habían respaldado la posición municipal.
Victoria procesal, no definitiva. La sentencia no ordena que Carson devuelva dinero ni define si corresponde un reembolso ni de qué monto. El debate de fondo —si la ciudad le atribuyó a Marathon una proporción excesiva de actividad y cobró impuestos por operaciones realizadas en Wilmington y otros lugares— permanece abierto.
La disputa tiene origen en un gravamen sobre refinerías que los votantes de Carson aprobaron en noviembre de 2017, con una tasa del 0,25% sobre la actividad comercial dentro del municipio. En 2022, Carson auditó las liquidaciones de Tesoro —subsidiaria de Marathon— y notificó a la compañía que adeudaba una suma adicional por el impuesto a las licencias comerciales de la industria petrolera. Marathon rechazó ese cálculo, pagó el monto exigido y luego presentó la solicitud de reembolso conforme a la normativa estatal.
La refinería de Carson, adquirida por Marathon en 2018, forma parte de la unidad denominada Los Angeles Refinery, que concentra el 27% de la capacidad de procesamiento de petróleo crudo de California.
Distintas ciudades y condados respaldaron a Carson durante el proceso. Sus representantes argumentaron que los contribuyentes debían agotar las instancias locales antes de acudir a los tribunales. La Western States Petroleum Association y otras dos organizaciones empresariales apoyaron a Marathon, señalando que la Government Claims Act busca evitar que las compañías naveguen un «sistema bizantino de reclamaciones» compuesto por múltiples leyes estatales y ordenanzas locales.
Horas después del fallo, el Concejo Municipal de Carson avanzó hacia la conclusión de un acuerdo por 370 millones de dólares con Tesoro y retiró de manera condicional una propuesta tributaria que autorizaba al municipio a cobrar hasta US$1 por cada barril de petróleo procesado en Carson. Kheiry, portavoz de Marathon, había advertido que ese gravamen tendría «consecuencias significativas para la instalación» y podría llevar a la compañía a reconsiderar sus operaciones en California, a la que describió como «uno de los entornos empresariales más costosos del mundo».
La lectura de Ágora Capital. El fallo es una señal de que el aparato estatal tiene límites cuando intenta construir laberintos burocráticos para dificultar la recuperación de impuestos cobrados en exceso. Que Carson haya retirado —aunque condicionalmente— su propuesta de un dólar por barril justo después de la sentencia dice más que cualquier declaración oficial: el capital tiene pies y California ya perdió dos refinerías en los últimos años. Cuando el costo regulatorio supera el umbral de rentabilidad, la inversión no negocia, se va.
