El exministro de Seguridad Pública Luis Cordero compareció este viernes ante el Tribunal Constitucional representando a la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. El caso aborda requerimientos que eliminan la obligación de someter a evaluación ambiental las relocalizaciones de concesiones acuícolas.
La aparición desató críticas inmediatas desde el Frente Amplio. La candidata a la presidencia del partido Constanza Martínez escribió en redes sociales que «Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile» y cuestionó «la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos».
La diputada Gael Yeomans fue más lejos en el diagnóstico normativo: «la puerta giratoria en Chile está regulada a medias. La inhabilidad vigente dura apenas seis meses, alcanza solo a organismos fiscalizadores y solo opera cuando hay contrato laboral de por medio». Yeomans llamó a «cerrar esta puerta de una vez por todas».
Cordero respondió con precisión técnica. «Antes de ser ministro de Estado soy profesor de Derecho Administrativo, hace 27 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile», señaló en conversación con 24 Horas. Recordó que cuando asumió el cargo muchos le «sacaron en cara cuántos eran los informes en Derecho y a qué industrias se les había hecho». Su conclusión fue directa: «He vuelto a mi vida profesional y académica».
El senador Diego Ibáñez, también del Frente Amplio, matizó la posición de sus correligionarias: reconoció que jurídicamente no se configura un conflicto de interés, aunque señaló que sí existe un conflicto ético al tratarse de una exautoridad. Cordero declinó entrar en ese debate: «Represento los intereses de un tercero que no tiene por qué verse involucrado en una discusión de esas características».
Sobre las motivaciones políticas de las críticas, el exministro fue cauto pero explícito: «Supongo que hay una incidencia de las elecciones» en dichas opiniones, dijo, en referencia al proceso interno del Frente Amplio.
La lectura de Ágora Capital. El episodio ilustra una tensión que el libre mercado conoce bien: el derecho de cualquier profesional a ejercer su oficio choca con el apetito regulatorio de quienes prefieren que el Estado retenga el talento —o al menos lo inhabilite— por períodos indefinidos. Que un abogado especialista en Derecho Administrativo defienda a una industria ante el Tribunal Constitucional es, precisamente, el funcionamiento normal de un Estado de derecho: argumentos jurídicos sometidos a un árbitro independiente.
Lo que el Frente Amplio llama «puerta giratoria» el mercado lo llama movilidad del capital humano. Extender las inhabilidades más allá de lo que la ley establece, sin distinción de funciones ni de materias, no cierra puertas: cierra el acceso del sector privado a la mejor asesoría disponible y encarece la defensa jurídica para cualquier industria que ose litigar contra el Estado. Capital busca reglas claras, no reglas que cambien según quién incomoda al oficialismo de turno.
