El gobierno de Abelardo de la Espriella dio un paso concreto para reabrir uno de los mercados que la administración Petro cerró por decreto: Colombia volverá a exportar carbón a Israel. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un decreto que deroga la suspensión impuesta por el gobierno anterior, y el texto ya está en período de comentarios antes de su entrada en vigor.
El argumento oficial es directo. El decreto sostiene que Colombia actúa como tomadora de precios en el mercado carbonero global, de modo que la suspensión no alteró la oferta mundial ni redujo el consumo israelí. Lo que sí hizo, según el Ejecutivo, fue redirigir los flujos comerciales hacia proveedores de terceros países, transfiriéndoles la renta que antes captaba Colombia.
José Miguel Linares, presidente de Drummond, lo confirmó en entrevista con Blu Radio: «No logramos nada, lo único que logramos fue entregar parte del mercado que era importante para Colombia a otro país». Linares precisó que, una vez vencido el período de comentarios y expedido el decreto definitivo, la empresa iniciará el trabajo de reconquistar a Israel como cliente, aunque reconoció que ese esfuerzo no será sencillo: el comprador ya tiene nuevos proveedores.
Drummond, compañía privada de origen estadounidense, tiene como objetivo elevar su producción y exportaciones hasta 30 millones de toneladas. Asia ya absorbe una quinta parte del carbón colombiano, y la empresa considera que ese frente debe consolidarse en paralelo con la recuperación del mercado israelí.
La reapertura comercial llega en un contexto diplomático más amplio. El 10 de agosto de 2026, el gobierno colombiano informó que reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. El primer ministro Netanyahu agradeció públicamente la decisión el 12 de agosto.
Pero el carbón tiene pendiente una segunda batalla: la fiscal. Bajo el gobierno Petro, el sector quedó sometido a un aumento de impuestos que, según cálculos de la industria, lleva al Estado a recibir el 80% de las ganancias brutas del sector. El gobierno De la Espriella tiene previsto presentar una reforma tributaria al Congreso en septiembre de 2026, aunque hasta ahora no está claro si incluirá cambios para la minería.
La lectura de Ágora Capital es simple: el veto carbonero de Petro fue un ejercicio de ideología sin costo para el Estado y con costo para el contribuyente y la industria. Colombia no movió un gramo la demanda global de carbón; solo cedió renta, empleos y posición de mercado a competidores que no tienen escrúpulos geopolíticos. El decreto de De la Espriella no es un giro radical: es la corrección mínima que exige la lógica de libre empresa.
El verdadero test llegará en septiembre. Si la reforma tributaria mantiene intacta la carga del 80% sobre las ganancias brutas del sector, la señal al capital será contradictoria: se abre la puerta comercial pero se deja el cerrojo fiscal. Capital busca reglas claras, y el mercado sabrá leer la diferencia.
