El Gobierno colombiano anunció un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por el terremoto que contempla la participación del sector privado, las entidades territoriales y el sistema financiero. Entre las herramientas disponibles figura el mecanismo Obras por Impuestos, cuya posible extensión a los municipios damnificados abre un debate sobre cómo movilizar capital privado sin pasar por la caja del Estado.
Cómo funciona el mecanismo
Obras por Impuestos permite a determinados contribuyentes destinar parte de su obligación tributaria de renta a proyectos de inversión con impacto económico y social, previamente estructurados, aprobados y priorizados. En lugar de transferir la totalidad del impuesto al fisco, la empresa ejecuta directamente la obra. Los sectores elegibles incluyen educación, salud, agua potable, saneamiento, transporte, energía, conectividad, infraestructura productiva, gestión del riesgo y bienes públicos rurales.
La figura opera bajo dos modalidades: Opción Fiducia y Opción Convenio. La Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las entidades sectoriales participan en la evaluación y viabilidad de los proyectos.
El obstáculo regulatorio
Actualmente el mecanismo está dirigido principalmente a municipios ZOMAC —Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado— y territorios PDET. Los municipios golpeados por el terremoto no están, en su mayoría, dentro de esas categorías. Por eso, tanto el Gobierno como la Federación Colombiana de Municipios plantean ampliar excepcionalmente su aplicación.
La propuesta de la Federación es concreta: permitir que las empresas obligadas a declarar renta destinen hasta 50% de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción en los municipios afectados. Esa modificación requeriría ajustar las condiciones actuales del mecanismo.
Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, señaló en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno contempla utilizar este mecanismo dentro de las alternativas para la reconstrucción. Según el directivo, la figura permitiría que las empresas participen directamente en proyectos previamente estructurados, como la construcción o reconstrucción de viviendas.
La escala del desafío
El plan de reconstrucción contempla atender a más de 44.000 familias damnificadas. Las medidas iniciales ya en marcha incluyen subsidios de arrendamiento para hogares sin vivienda, alivios en el pago de servicios públicos, maquinaria para remover escombros y un banco de materiales para apoyar a alcaldías y gobernaciones. A partir de la próxima semana, equipos técnicos realizarán un diagnóstico de las viviendas para determinar cuáles requieren mejoramiento y cuáles reconstrucción total.
Lectura editorial
Obras por Impuestos es, en esencia, un reconocimiento de que el aparato estatal no puede reconstruir solo: necesita la capacidad de ejecución del sector privado. Cuando el mecanismo funciona bien, el contribuyente convierte su carga fiscal en obra tangible, con mayor control de calidad y menor riesgo de desvío que una transferencia directa al presupuesto público.
El verdadero test no es si el Gobierno anuncia la herramienta, sino si elimina la burocracia que hoy la limita a zonas ZOMAC. Capital y capacidad constructiva existen en Colombia; lo que falta es que el Estado deje de ser el cuello de botella. La reconstrucción del Chocó y las zonas afectadas puede ser la prueba de que libre empresa y emergencia social no son términos opuestos.
