El terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el más fuerte desde 1979 según el Servicio Geológico Colombiano, forzó una respuesta fiscal inmediata. El ministro de Hacienda, Gómez Martínez, compareció ante las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. Ahí trazó la hoja de ruta del gobierno De la Espriella.
La medida más concreta: aplazar un mes el pago del impuesto de renta para personas naturales. El vencimiento del calendario tributario comenzaba ese mismo martes. La prórroga aplica exclusivamente a contribuyentes ubicados en los territorios afectados. No es una medida general.
El gobierno activó además un crédito de US$450 millones con el Banco Mundial. Gómez indicó que los recursos estarían disponibles «a finales de la semana». También anunció que la totalidad del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres queda movilizada para la emergencia. La declaratoria de emergencia económica se esperaba para la tarde del martes 11 de agosto.
El ministro fue explícito en una cosa: no habrá alza de impuestos. «Vamos a movernos primero ajustando el PGN y no pidiendo a los colombianos que asuman más impuestos», dijo. El ajuste, según Gómez, saldrá de recortes al gasto burocrático del presupuesto vigente.
Sobre ese presupuesto, el ministro no ahorró palabras. Describió el Presupuesto General de la Nación de 2027 como «una chambonada». Señaló que asciende a $575,7 billones, con un crecimiento nominal de 5,2% y real de 1,7%. Eso representa $19 billones por encima del Marco Fiscal de Mediano Plazo aprobado para 2026. Según Gómez, la Contraloría, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación coinciden en que el proyecto es «impresentable».
El ministro detalló otros descuadres. Salud, pensiones y subsidios de energía y gas aparecen desfinanciados en $19,7 billones. El subsidio a combustibles suma un hueco adicional de $12 billones. El proyecto también contempla $30,2 billones provenientes de una reforma tributaria que el gobierno «rechaza» y pidió al Congreso «no aprobar».
Hubo una señal de alerta institucional. Gómez expresó preocupación por que los recursos de emergencia sean ejecutados por la Ungrd. Según el ministro, esa entidad «a lo largo de cuatro años ha demostrado ser propicia al desgreño y la corrupción». La atribución es del funcionario; Ágora Capital la recoge como declaración.
Desde la línea editorial de esta casa, el cuadro es claro. El gobierno De la Espriella hereda un aparato fiscal sobredimensionado y una entidad ejecutora cuestionada. La decisión de no subir impuestos y financiar la emergencia con recorte de gasto es la respuesta correcta: el contribuyente no debe pagar dos veces, primero con burocracia y luego con tributos de emergencia. El crédito con el Banco Mundial provee liquidez inmediata. Lo que queda pendiente es la ejecución. Capital busca reglas claras, y la Ungrd, según el propio ministro, no las ha dado.
