La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) emitió un pronunciamiento dominical. Exigió transparencia y debido proceso en la investigación abierta por el Ministerio Público. El caso involucra la compra de laptops por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA).
La investigación fue solicitada por la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar. El gremio pidió que todas las diligencias se realicen con «rigor, independencia y transparencia». El argumento es directo: se trata de recursos públicos destinados al sector educativo.
La CCIAP fue explícita. «Cada balboa destinado a la educación debe administrarse con absoluta responsabilidad», sostuvo. Cada decisión sobre fondos públicos debe estar debidamente sustentada. No hay margen para la opacidad cuando el dinero es del contribuyente.
Más allá del caso judicial, el gremio planteó una posición de fondo. Los cambios de autoridades y las coyunturas políticas no deben desviar la atención del objetivo central. Ese objetivo es garantizar que los niños y jóvenes permanezcan en las aulas y reciban educación de calidad. «La educación está por encima de personas y cargos», señaló la organización.
La CCIAP también llamó a una renovación integral de la Ley de Educación. Propuso un proceso de diálogo constructivo con participación de distintos sectores. El fin es adecuar el sistema a las necesidades actuales y preparar estudiantes para un mercado laboral dinámico.
El gremio señaló además las condiciones físicas de los centros educativos. La calidad de la enseñanza requiere instalaciones adecuadas, seguras y dignas. Eso aplica tanto para estudiantes como para docentes.
Sobre la responsabilidad, la CCIAP distribuyó los roles con claridad. El MEDUCA debe garantizar educación continua y de calidad. El sector privado debe generar espacios de formación y oportunidades. La sociedad debe comprender la relación entre educación, empleo y desarrollo. Panamá, advirtió el gremio, no puede «darse el lujo de perder una generación por falta de una educación de calidad».
Desde la línea editorial de Ágora Capital, el pronunciamiento de la CCIAP apunta a algo más que una investigación puntual. Cuando el aparato estatal administra fondos sin transparencia, el costo lo paga siempre el contribuyente. La exigencia de rigor no es burocrática: es la condición mínima para que el gasto público produzca retorno real.
El mensaje de fondo es igualmente relevante. Politizar la educación no es neutral. Tiene un precio medible en capital humano perdido, en productividad futura y en oportunidades que no se recuperan. La libre empresa necesita talento formado. Sin eso, el crecimiento tiene techo.
