La Cámara de Diputados de Chile aprobó este lunes los tres vetos presidenciales presentados por el presidente José Antonio Kast al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. El resultado era predecible desde el punto de vista constitucional, pero la sesión acumuló momentos de tensión entre bloques.
Los números de la votación
Las tres observaciones presidenciales —todas de carácter «supresivo»— obtuvieron mayoría holgada:
- Anatocismo (impedimento de cobro de intereses sobre intereses): 75 a favor, 59 en contra, 12 abstenciones. - Derecho al olvido financiero: 75 a favor, 58 en contra, 13 abstenciones. - Pago a 30 días para pymes: 74 a favor, 50 en contra, 22 abstenciones.
El Partido de la Gente (PDG) optó por abstenerse en las tres votaciones, lo que privó al oficialismo de esos votos, aunque el gobierno igualmente alcanzó la mayoría necesaria.
Por qué el Ejecutivo tenía la sartén por el mango
La Constitución chilena otorga al presidente una posición casi inexpugnable en materia de vetos supresivos. Para revertir la voluntad del Ejecutivo, el Congreso necesita dos tercios de los diputados —103 votos— y dos tercios de los senadores —33 votos—. Sin esa barrera, aunque el veto sea rechazado en votación simple, el artículo observado queda eliminado de todas formas. El gobierno, en la práctica, solo necesita retener algo más de un tercio de los legisladores.
La lectura del ministro Quiroz
Tras la ronda de votaciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que con este trámite «el cuerpo legal de la Ley de Reconstrucción queda perfeccionado» y que la norma permitirá «un rápido dinamismo y crecimiento económico». Sobre el paso obligatorio por el Tribunal Constitucional, Quiroz sostuvo que la megarreforma «es una normativa absolutamente coherente con nuestra Constitución y las leyes». El gobierno espera promulgar la ley durante este mes, una vez superada esa revisión.
El debate en sala
El diputado Juan Antonio Coloma justificó su voto a favor de los tres vetos señalando que «el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones». Su par José Carlos Meza (republicano) calificó las normas eliminadas como disposiciones que «se escuchan muy bien, pero que funcionan muy mal».
Desde la vereda contraria, el diputado Héctor Ulloa, autor de la norma sobre anatocismo, lamentó que «la banca no quiso aventurarse para entrar al debate de fondo, al debate del abuso». La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, cuestionó los fundamentos técnicos del veto a la norma de pymes: «No hay argumento técnico que justifique este veto», dijo.
El momento más tenso llegó cuando el diputado Luis Sánchez (republicano) cruzó palabras con la diputada Sofía González (PC), lo que obligó a la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, a realizar varios llamados al orden.
Los vetos pasan ahora al Senado, primero por la Comisión de Hacienda y luego por la sala, en sesión programada para el miércoles.
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Desde Ágora Capital, el episodio ilustra un principio básico: las normas que suenan bien en el discurso político no siempre producen los efectos prometidos en el mercado de crédito. El anatocismo y el derecho al olvido financiero, aplicados sin diseño técnico riguroso, pueden encarecer el crédito o reducir su disponibilidad, perjudicando precisamente a los deudores que pretendían proteger. Capital busca reglas claras; la megarreforma, depurada, se acerca más a ese estándar.
