El contrato de más de 164.422 millones de pesos para instalar sistemas solares fotovoltaicos en áreas urbanas del Sistema Interconectado Nacional, en el marco del programa Colombia Solar, quedó cancelado. La decisión la tomó Camilo Andrés Becerra, el funcionario al que le habían cedido el proceso tras la suspensión del director del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), Brayan Giraldo Ruiz.
El propio documento de cancelación reconoce fallas estructurales: publicación extemporánea de respuestas, ausencia del informe final y desorden en el listado de elegibilidad de oferentes. Además, admite que los participantes nunca conocieron a tiempo los resultados definitivos de la evaluación, vulnerando los principios de publicidad y transparencia.
La señal de alarma más grave provino del interior de la entidad. El subdirector jurídico del Fenoge, Camilo Iván Rincón, suscribió una carta en la que denunció irregularidades de fondo que hacían inviable la adjudicación. Según la misiva, tan pronto como Rincón comenzó a encender alertas, se le restringió el acceso a carpetas e información clave. El funcionario respaldó su petición de suspensión con informes forenses y análisis de metadatos digitales, y señaló directamente a la cabeza directiva de la entidad al indicar que el director ejecutivo del Fenoge suscribió de manera unilateral la adenda No. 3 del proceso IA-006-2026 el 8 de julio de 2026.
La Procuraduría intervino con una comunicación fechada el 30 de julio, firmada por el procurador delegado Marcio Melgosa. El ente de control determinó que la Adenda 3 fue expedida fuera del plazo legal: el cronograma fijaba como límite las 2:59 p. m. del 8 de julio de 2026, pero un peritaje de la DNIE estableció que el archivo fue creado a las 7:52 p. m. de ese mismo día. Para la Procuraduría, esa alteración del registro de tiempo afectó la validez del documento y podría configurar el delito de falsedad ideológica en documento público, con consecuencias disciplinarias y penales para los implicados.
Ante la gravedad del escándalo, la nueva ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, designó formalmente a la consultora y abogada Melba Pérez para liderar una revisión exhaustiva del estado real de la entidad.
Lectura editorial. Lo que ocurrió en el Fenoge no es un tropiezo administrativo menor: es el retrato de un aparato estatal que operó sin controles, restringió información a su propio asesor jurídico y presuntamente manipuló metadatos para validar un documento extemporáneo. El dinero en juego —más de 164.422 millones de pesos de los contribuyentes colombianos— iba a financiar una agenda de energía renovable que el gobierno de Petro promovió como bandera. El mercado y la inversión privada en energías limpias no necesitan este tipo de contratación opaca; necesitan reglas claras, procesos transparentes y funcionarios que respondan ante la ley. La Procuraduría ya trazó la línea. Ahora corresponde a la justicia ordinaria determinar si hubo delito.
