El número llegó de boca del propio régimen: 600 megavatios perdidos «solo en el centro del país» tras los sismos del 24 de junio. Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura central del chavismo, ofreció esa cifra este lunes durante la rueda de prensa semanal del partido para explicar los cortes eléctricos que afectan gran parte del territorio venezolano.
Cabello vinculó los apagones a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en junio, y al fenómeno climático de El Niño. «¿Cómo tú recuperas 600 megavatios? ¿Por qué, te pusiste a pensar? No, no, hay que hacer el trabajo», declaró, según la fuente. Aseguró además que la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) trabaja para mejorar el sistema y destacó acuerdos alcanzados con otras empresas.
La narrativa oficial no es nueva. Durante años, el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras del deterioro eléctrico. La oposición y expertos, en cambio, atribuyen la crisis a la corrupción y la ausencia de mantenimiento sostenido en la infraestructura. Los apagones pueden prolongarse hasta seis horas en distintas regiones del país.
El contexto reciente añade presión al aparato estatal. El 2 de agosto, Delcy Rodríguez pidió a la población ahorrar luz y agua ante lo que llamó un episodio de «Superniño», y anunció un plan para incorporar 4.800 megavatios a la generación termoeléctrica antes de que termine el año. El sábado, Rodríguez designó a Juan Crisóstomo Fernández como nuevo presidente de Corpoelec para reforzar al equipo encargado de levantar el sistema.
Los números cuentan su propia historia. Un sistema que pierde 600 MW por sismos —y que ya arrastraba décadas de subinversión— no se recupera con cambios de directivos ni con planes anunciados en rueda de prensa. La promesa de sumar 4.800 MW en meses, sin fuentes de financiamiento ni contratos públicos verificables, es una cifra que el mercado energético regional recibirá con escepticismo.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso venezolano ilustra con precisión el costo de décadas de estatismo sin rendición de cuentas: una empresa eléctrica monopólica, sin competencia ni incentivos privados, que colapsa ante cada perturbación y cuya única respuesta es el nombramiento de un nuevo funcionario. Capital busca reglas claras, y Venezuela lleva años ofreciendo lo contrario: incertidumbre, racionamiento y culpas externas. Mientras el régimen busca explicaciones en la geología y el clima, la infraestructura sigue deteriorándose sin que ningún privado pueda invertir, competir ni corregir el rumbo.
