El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó en la Gaceta Oficial N° 43.427, correspondiente al 31 de julio de 2026, un nuevo tarifario para los servicios de la banca nacional. El esquema establece comisiones que alcanzan hasta 5% en determinadas operaciones y fija montos mínimos para transacciones electrónicas.
Pago Móvil: cada transferencia tiene precio
Las operaciones P2P entre bancos distintos quedan fijadas en 0,30% del monto, con un mínimo de Bs. 14. El mismo porcentaje aplica para transferencias dentro de una misma institución. Los pagos P2C tendrán un máximo de 1,50% —tanto entre bancos diferentes como dentro de la misma entidad—, mientras que los C2P podrán llegar a 2% y 1,75%, respectivamente.
El tarifario también penaliza las operaciones fallidas: las transacciones rechazadas o reversadas generarán un cargo de Bs. 14. El abono de nómina costará 0,15% del monto procesado al cliente que ordena el pago.
Cajeros automáticos: Bs. 54 por consultar el saldo
En cajeros propios, cualquier operación de consulta, transferencia o rechazo tendrá una tarifa de Bs. 54. Los retiros en bolívares estarán sujetos a una comisión de 3% del monto extraído. El tarifario también actualiza los cargos por mantenimiento de cuentas jurídicas, referencias bancarias, estados de cuenta y cheques devueltos, aunque la Gaceta no detalla cifras individuales para todos esos rubros en el texto publicado.
Divisas: entre 0,50% y 3,80% según la operación
Las operaciones en moneda extranjera reciben un tratamiento diferenciado. La venta de divisas al público cargará 0,50%; los consumos en el exterior con tarjetas de débito o prepago, 1,50%; y la compra o venta de títulos valores denominados en divisas, 1%. Los retiros en efectivo desde cuentas en moneda extranjera oscilarán entre 3% y 3,80%, dependiendo del tipo de cliente y la operación.
Lectura editorial
El mercado ya votó sobre lo que ocurre cuando el Estado administra precios: los costos no desaparecen, se redistribuyen. Un tarifario fijado por decreto no refleja competencia ni eficiencia; refleja la capacidad del regulador de trasladar el costo operativo del sistema financiero —en buena parte inflado por la propia burocracia cambiaria— al usuario final.
Para una economía donde el Pago Móvil es el canal de pago cotidiano de millones de personas sin acceso a efectivo, cobrar Bs. 14 por una transacción rechazada o 3% por retirar bolívares de un cajero propio no es un detalle técnico: es un impuesto encubierto al consumo. Capital busca reglas claras, no tarifarios que cambian por Gaceta y encarecen la intermediación sin mejorar el servicio.
