Panamá arrastra una deuda pública equivalente al 67% del PIB, una inversión extranjera directa en caída y una ejecución de infraestructura que no alcanza el 80% de su meta anual. El diagnóstico es conocido. Lo que circula ahora es una propuesta concreta para salir del estancamiento sin depender exclusivamente del endeudamiento soberano ni de capitales foráneos.
La tesis central: movilizar las utilidades y reservas del sistema bancario panameño —que en 2025 proyecta generar US$2.900 millones— hacia proyectos estratégicos en energía, agua, logística, movilidad urbana y digitalización. La banca panameña es descrita en la propuesta como «sólida, líquida y estable», con uno de los impuestos más bajos para sectores similares a nivel nacional e internacional.
El mecanismo propuesto es el Fondo de Inversión Nacional Productiva (FINP), una estructura de gobernanza público-privada con evaluación técnica de proyectos y reportes públicos. El incentivo para el sector financiero sería fiscal: reinvertir utilidades en proyectos nacionales o pagar más impuestos. No un subsidio, sino un pacto de riesgo compartido.
Los números del impacto potencial
Una inyección equivalente al 4% del PIB anual —unos US$2.800 millones— produciría, según coeficientes de la CEPAL y el Banco Mundial citados en la propuesta, alrededor de 28.000 empleos directos por año. A eso se sumarían entre 28.000 y 42.000 empleos indirectos en construcción, logística, manufactura y servicios profesionales, más entre 14.000 y 20.000 empleos inducidos por mayor consumo. El total estimado: entre 70.000 y 90.000 empleos anuales. En un lustro, entre 350.000 y 450.000 puestos de trabajo.
Los sectores prioritarios identificados incluyen la modernización del IDAAN y nuevas plantas de potabilización, expansión solar y redes inteligentes de energía, electrificación del sistema MiBus, ampliación del Metro, infraestructura de carga en Tocumen, puertos, centros de datos y fibra óptica.
El país invierte actualmente entre el 6% y el 8% del PIB en infraestructura pública, cifra que la propuesta considera insuficiente para sostener la ambición de convertir a Panamá en un hub global competitivo. La Autoridad del Canal carga hoy con buena parte de ese peso.
La lectura de Ágora Capital
La propuesta tiene la virtud de no pedir al Estado lo que el Estado no puede dar: más deuda. En cambio, apunta a capital privado ya acumulado, ocioso o subempleado, y ofrece un marco de incentivos en lugar de mandatos. Eso es exactamente lo que distingue una política de desarrollo de un programa de gasto.
El riesgo real no es el modelo —Singapur lo validó— sino la gobernanza. Un fondo público-privado mal diseñado se convierte en un vehículo de captura política. La transparencia y la evaluación técnica independiente no son adornos: son la condición sine qua non para que el capital privado acepte el pacto. Si Mulino logra construir ese marco con reglas claras y auditoría real, Panamá tiene ante sí una oportunidad de productividad que no depende del ciclo electoral ni del precio del petróleo.
