La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, salió al paso de las declaraciones de la Universidad de Chile, que amenazó con revisar el convenio vigente con la concesionaria y evaluar el retiro del nombre y los símbolos del club.
Pérez fue directa: «No es responsable y prudente que yo le responda a la rectora, básicamente porque no conocemos el preinforme al que ella alude». La ejecutiva condicionó cualquier respuesta oficial a la publicación del informe final y a su análisis en el directorio.
El contexto complica el panorama. Azul Azul atraviesa un proceso de liquidación judicial, y Pérez advirtió que declaraciones prematuras podrían «entorpecer la labor del liquidador que está mandatado por la justicia».
En cuanto al canal de diálogo, la presidenta reveló que la concesionaria solicitó una reunión protocolar con la rectora, pero recibió por escrito que esta se encontraba inhabilitada para relacionarse con Azul Azul por su vínculo con el denominado Caso Sartor. La contraparte designada sería la prorrectora. «Estamos concordando las agendas», confirmó Pérez, aunque aclaró que la reunión estaría limitada a un máximo de cuatro personas.
Sobre el fondo del conflicto, la directiva fue enfática: «Creemos que tenemos cumplimientos a cabalidad con el protocolo del convenio». Aun así, ofreció colaboración para mejorar aspectos que la universidad señale como incumplimientos.
En el plano deportivo, Pérez celebró la llegada de tres refuerzos al equipo de Fernando Gago, con especial énfasis en Igor: «Es un fichaje que lo queríamos hace mucho tiempo. Pude conversar hace más de dos meses para que él pudiese llegar desde que terminó su relación con el fútbol de Turquía». La negociación con el arquero argentino Facundo Sanguinetti, en cambio, quedó descartada una vez que se abrió la posibilidad de concretar la incorporación de Igor.
Respecto a las salidas, Pérez confirmó conversaciones avanzadas para un préstamo de Franco Calderón a un club argentino. Sobre Lucas Assadi, reconoció interés de varios equipos y fue clara en los términos: «Hay una cláusula que tienen que cumplir si es que quieren hacer una oferta». Añadió que, si el jugador considera el movimiento un paso relevante en su carrera, la concesionaria priorizará el contrato. Lucas Barrera, en tanto, «no está disponible».
Finalmente, Pérez confirmó que la despedida de Marcelo Díaz fue una decisión conversada y no una sorpresa: «Siempre hemos señalado que va a estar en nuestra institución hasta que él quiera y dónde él quiera».
El episodio ilustra una tensión clásica entre un operador privado —con obligaciones contractuales y un proceso judicial en curso— y una institución pública que busca renegociar condiciones sin haber cerrado aún su propio proceso de auditoría. Capital busca reglas claras: mientras el informe final no exista, cualquier presión pública sobre Azul Azul opera en el vacío jurídico y solo añade incertidumbre a un activo ya bajo intervención judicial. El mercado, y los hinchas, merecen certeza, no declaraciones de efecto.
