El Gobierno argentino obtuvo el dictamen en comisión de un proyecto que modifica la Ley de Inocencia Fiscal, el mecanismo diseñado para bancarizar los dólares que hoy permanecen fuera del sistema. Las estimaciones oficiales ubican ese stock en USD 170.000 millones.
El cambio central: los funcionarios públicos quedan excluidos de los beneficios sustantivos del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Podrán presentar la declaración jurada simplificada y pagar el impuesto, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a la protección frente a ajustes fiscales retroactivos. En términos llanos: no podrán sacar dólares del colchón.
El giro fue forzado por el escándalo que desató la adhesión del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al RSG mientras enfrentaba una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, según consigna la fuente. La presión de la oposición aceleró la modificación.
El proyecto también elimina los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al RSG desde su sanción en diciembre. La versión original fijaba un techo de $1.000 millones en ingresos anuales y $10.000 millones en patrimonio. Tributaristas habían señalado que esos límites eran demasiado restrictivos; el Gobierno los eliminó en la nueva versión.
Además, se refuerzan los parámetros de detección de discrepancias por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La exclusión del régimen se activa si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos por un porcentaje no inferior al 15%, salvo que la diferencia no alcance el 5% del valor de evasión previsto en la Ley Penal Tributaria.
El problema jurídico más delicado es el de los funcionarios que ya adhirieron durante los más de siete meses transcurridos desde la sanción original. «Los que ya ingresaron tienen un derecho adquirido, adquirieron la posibilidad de incorporarse con los beneficios vigentes a hoy», advirtió Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti. La ley no puede aplicarse retroactivamente, lo que significa que quienes se sumaron antes del cambio conservarían sus beneficios.
Otro flanco sin resolver: el proyecto no contempla a los familiares de los funcionarios. «Quizás el cónyuge o el conviviente también podrían razonablemente quedar alcanzados», señaló Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. El especialista también consideró razonable la exclusión, aunque subrayó que debería haber estado desde el inicio.
El texto aún debe pasar por la Cámara de Diputados y luego por el Senado.
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: el ajuste político era inevitable, pero el daño a la credibilidad jurídica ya está hecho. Siete meses de ventana abierta para funcionarios bajo investigación no se borran con un dictamen. El mercado y los ahorristas privados observan: la seguridad jurídica que necesita el capital informal para salir del colchón depende de que las reglas no cambien según el escándalo de turno. Si el Congreso aprueba la versión corregida con rapidez y sin nuevas concesiones, el régimen puede recuperar tracción. Si el debate se extiende en campaña electoral, los USD 170.000 millones seguirán donde están.
