Minera Los Pelambres (MLP), filial de Antofagasta Minerals (Amsa), presentó el martes un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El blanco son los árbitros Jorge Correa Sutil y Alfredo Alcaíno de Esteve. La acusación: «faltas o abusos graves» al dictar el voto de mayoría de la sentencia arbitral del 4 de agosto.
Ese fallo se pronunció principalmente a favor de Alto Maipo. MLP fue notificada el 5 de agosto y tenía plazo fatal hasta el 11 de agosto para recurrir.
Es el segundo arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago vinculado al caso. El primero, resuelto a inicios de este año, también favoreció a Alto Maipo. En ese proceso, Amsa buscó terminar un contrato de compra de energía vigente hasta 2040.
El segundo arbitraje rechazó la pretensión principal de la minera. MLP argumentaba que Alto Maipo incumplió la entrega de suministro por más de 480 horas al año. El tribunal, integrado por Mauricio Tapia Rodríguez, Alcaíno y Correa Sutil, no lo reconoció así.
Amsa, representada por los abogados Andrés Jana y Rodrigo Gil, identificó tres faltas concretas en el laudo. Primera: concedió a Alto Maipo el cese de la sustitución de cargo a los doce meses sin que existiera el aviso ni el compromiso incondicional que exige la cláusula 10.3.3. Segunda: aplicó la regla de intereses de la cláusula 7.4 a las dos condenas contra MLP, pero la negó en la única condena contra Alto Maipo. Tercera: declaró que Alto Maipo no tiene obligación de respaldar el suministro con la generación del complejo.
El escrito de Amsa fue directo sobre las consecuencias prácticas. Planteó que, bajo la lógica del laudo, si el proveedor destruyera el complejo o dejara de operarlo porque comprar energía en el mercado le resulta más barato, «nada ocurriría». No habría obligación infringida. Y Los Pelambres seguiría pagando hasta 2040 el precio de la generación propia por energía de mercado.
La historia de fondo es larga. En 2011 se constituyó Alto Maipo por Norgener SpA, filial entonces de AES Gener. En julio de 2013, Antofagasta Minerals invirtió US$ 375 millones para integrarse como socio con un 40% accionario. El objetivo era asegurar el suministro energético de Los Pelambres. En 2014, Amsa traspasó esos derechos a su filial minera.
Tras retrasos en la construcción, en marzo de 2017 las partes sellaron un acuerdo. Extendieron el contrato hasta el 30 de junio de 2040 y fijaron el precio en US$ 85 MW por hora. El 30 de diciembre de 2022, Alto Maipo detuvo operaciones por un desprendimiento en el túnel Las Lajas. En mayo de 2023, Los Pelambres terminó el contrato.
Lo que está en juego es simple: quién absorbe el riesgo operacional en un contrato de largo plazo. Cuando una parte invierte US$ 375 millones para asegurar suministro y la otra detiene la generación, la interpretación contractual no es un tecnicismo. Es la diferencia entre un activo y un pasivo. La Corte de Apelaciones tiene ahora la última palabra sobre si los árbitros leyeron bien ese riesgo. Capital busca reglas claras, y dos fallos consecutivos en contra de la misma parte obligan a preguntarse si las reglas del arbitraje comercial en Chile ofrecen la certeza que la inversión minera requiere.
