Los números llegaron primero a la mesa. Anthony Albanese le recordó a Donald Trump que Estados Unidos acumula un superávit comercial de 442.000 millones de dólares con Australia en los últimos 20 años, y que los productos y servicios estadounidenses ya ingresan al mercado oceánico libres de aranceles bajo el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países.
El argumento es difícil de ignorar: Australia no es un socio que cierra puertas a la libre empresa estadounidense. Sin embargo, Washington la incluyó en julio pasado en la lista de 46 países gravados con un arancel del 12,5 % sobre sus exportaciones, bajo el criterio de que no cuentan con mecanismos suficientes para impedir la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Albanese y Trump mantuvieron una conversación telefónica el jueves por la noche. El primer ministro australiano pidió «una exención total o, al menos, que no haya un aumento» del gravamen. Según Albanese, Trump aceptó considerar la solicitud, aunque no se anunció ningún compromiso concreto.
La respuesta de Camberra al anuncio arancelario de julio ya había sido proactiva: Australia anunció que reforzaría su ley contra la esclavitud moderna y el trabajo forzoso con un nuevo delito penal aplicable a grandes empresas. Es decir, el gobierno australiano movió ficha regulatoria antes de sentarse a negociar.
Más allá del capítulo comercial, la llamada abarcó un temario de peso estratégico. Ambos mandatarios revisaron los avances de la alianza AUKUS —Australia, Reino Unido y Estados Unidos—, incluido el desarrollo conjunto de sistemas militares no tripulados como los programas australianos Ghost Bat y Ghost Shark. También abordaron la situación en Oriente Medio, acuerdos sobre minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial y cooperación frente a incendios forestales.
Sobre Irán, Albanese reiteró que su gobierno considera que Teherán no debe disponer de armas nucleares. Trump, según el primer ministro, ofreció una actualización con información clasificada sobre la situación en la región.
Ambos líderes prevén nuevos contactos este año: en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y en la cumbre del G20 en Florida en diciembre.
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El mercado ya votó sobre lo que significa un arancel del 12,5 % aplicado a un aliado con superávit comercial favorable a quien lo impone: distorsión, no protección. La lógica del libre comercio —que el propio Tratado bilateral encarna— indica que gravar exportaciones de un socio que ya abre sus puertas sin reciprocidad arancelaria castiga la coherencia y premia la opacidad. Capital busca reglas claras, y la incertidumbre sobre si Australia recibirá o no una exención es exactamente el tipo de ruido que encarece decisiones de inversión en ambas direcciones. Si Trump concede la exención, habrá validado que los tratados de libre comercio deben pesar más que los criterios discrecionales de listas arancelarias. Esa sería la señal correcta.
