La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podría quedar bajo la dirección de María Rocío Cortés Vargas, abogada penalista cuya trayectoria incluye un episodio que ya generó cuestionamientos en su momento: en 2016, el Consejo de Estado ordenó la suspensión cautelar de su nombramiento como magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
La Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que los magistrados electos —entre ellos Cortés— habían vulnerado el artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe el intercambio de favores en la elección de funcionarios. La decisión judicial hizo referencia a la práctica conocida como «yo te elijo, tú me eliges» y señaló que la elección afectaba principios de moralidad pública, imparcialidad e independencia judicial.
El debate sobre su perfil no tardó en encenderse. Daniel Alejandro Monroy, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, cuestionó el eventual nombramiento por tratarse de una abogada penalista al frente de una entidad cuya actividad está estrechamente vinculada con la regulación económica y la vigilancia de mercados. «Será el mismo amiguismo, pero de otro color», afirmó Monroy, quien también precisó que se debe esperar la confirmación oficial antes de dar por concretado el nombramiento.
El académico recordó que una discusión similar surgió durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando Cielo Rusinque llegó al cargo con una trayectoria como abogada constitucionalista. La crítica de entonces y la de ahora apuntan al mismo déficit: la ausencia de experiencia directa en regulación económica y derecho de la competencia.
Cortés cuenta con una extensa carrera en el sector público. Su trayectoria incluye cargos en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y posiciones directivas en Cartagena —directora jurídica y directora general del Departamento Administrativo de Valorización—. En la Fiscalía General de la Nación se desempeñó como directora seccional administrativa y financiera en Cartagena y, posteriormente, como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito en Bogotá en provisionalidad.
La eventual llegada de Cortés se produciría en un momento de alta carga decisoria para la SIC, que tiene pendientes solicitudes de integración empresarial en las que participan compañías nacionales y extranjeras con impacto directo sobre mercados relevantes.
La lectura del mercado es directa. La SIC no es una ventanilla administrativa: es el árbitro de la competencia, el guardián de las fusiones y el regulador que puede bloquear o aprobar operaciones con consecuencias de miles de millones de pesos. Capital busca reglas claras, y esas reglas las interpreta quien dirige la entidad. Cuando el perfil del regulador no se alinea con la naturaleza técnica del cargo, la incertidumbre jurídica sube y la inversión lo descuenta.
El patrón que señala Monroy —amiguismo de distinto color— describe un problema estructural: la rotación de cuadros políticos en entidades que exigen expertise sectorial. Mientras el debate se centra en credenciales, las empresas esperan decisiones sobre integraciones que definen la arquitectura competitiva del mercado colombiano. El costo de la improvisación regulatoria no lo paga el funcionario; lo paga el sector privado y, en última instancia, el consumidor.
