El despliegue global de cables submarinos generará inversiones por alrededor de 16,000 millones de dólares entre 2026 y 2029, según la firma especializada TeleGeography. Panamá compite por una porción relevante de ese flujo.
Por el territorio panameño pasan actualmente siete sistemas de cables submarinos. De acuerdo con ProPanamá, esa infraestructura respalda el 100% del tráfico regional de internet, el 97% del tráfico telefónico internacional y el 90% de la transmisión regional de datos. Son cifras que no necesitan adorno: el país ya es un nodo crítico.
Este año llegó el sistema TAM-1, un cable de aproximadamente 7,000 kilómetros y capacidad de hasta 650 terabits por segundo (Tbps) que conecta a Panamá con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. A ese proyecto se suma el sistema Manta, que enlazará al país también con México y Colombia.
El motor de la demanda es conocido: servicios en la nube, inteligencia artificial y centros de datos. TeleGeography estima que el ciclo actual representará las mayores inversiones registradas en esta categoría de infraestructura en las últimas décadas.
Del lado regulatorio, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) evalúa técnicamente las rutas propuestas, verifica compatibilidad con otras actividades marítimas, supervisa las operaciones de tendido y actualiza la cartografía náutica. Las concesiones administrativas, sin embargo, son otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que establece una división clara de competencias.
La AMP también advirtió sobre los costos de la inacción en materia de protección. Entre 2008 y 2019, incidentes en aguas panameñas —principalmente daños provocados por el fondeo de embarcaciones sobre los cables— ocasionaron pérdidas superiores a 11 millones de dólares. La institución mantiene mecanismos de evaluación técnica y coordinación interinstitucional para reducir ese riesgo.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso panameño ilustra con precisión qué ocurre cuando un Estado decide administrar bien lo que ya tiene en lugar de obstruirlo. La geografía es el activo; el marco jurídico y la coordinación institucional son el multiplicador.
El gobierno de Mulino hereda y proyecta una ventaja comparativa real: posición geográfica, infraestructura existente y un aparato regulatorio que, al menos en este sector, parece orientado a facilitar la inversión privada en lugar de capturarla. Para el inversor en tecnología e infraestructura digital, Panamá ofrece hoy algo escaso en la región: certeza jurídica y activos críticos ya instalados. El mercado ya votó con siete cables. Los dos siguientes confirman la tendencia.
