En los conflictos familiares más intensos, los primeros perjudicados no son los adultos que litigan sino los hijos que quedan atrapados en una batalla que nunca eligieron. Así lo plantea Déborah Huczek, abogada especialista en Derecho Penal y Migratorio, en un análisis publicado por La Nación.
Huczek describe un patrón recurrente: ante una denuncia, el sistema judicial suspende contactos, restringe comunicaciones y paraliza vínculos familiares mientras avanzan procesos que «suelen extenderse durante meses o incluso años». La cautela inicial, razonable en determinadas circunstancias, se convierte en medida permanente por omisión.
El desfase entre los tiempos judiciales y los tiempos de la infancia es el núcleo del problema. Según la autora, «para un expediente, un año puede ser apenas una demora más; para un niño, puede representar la pérdida de una etapa completa de crecimiento junto a una persona importante de su vida». Audiencias postergadas, pericias demoradas e informes tardíos configuran un sistema que, cuando finalmente resuelve, encuentra el daño ya consumado.
El artículo distingue con cuidado dos realidades que el sistema tiende a confundir: las situaciones reales de violencia familiar, abuso sexual o maltrato —que exigen intervención rápida y especializada— y las acusaciones utilizadas como instrumento dentro de otro conflicto. Huczek sostiene que negar esta segunda posibilidad «no fortalece la protección de las víctimas; por el contrario, debilita la capacidad de la Justicia para investigar con objetividad».
La utilización de los hijos como rehenes emocionales, señala, no siempre es evidente. Puede manifestarse mediante obstáculos permanentes al contacto con el progenitor, descalificación constante de su figura o «la construcción de relatos negativos» que erosionan vínculos antes significativos. En ese contexto, la voz del niño puede reproducir discursos y temores que pertenecen al mundo adulto, no a su experiencia propia.
Huczek interpela directamente a jueces, fiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y docentes con una pregunta que califica de «tan simple como incómoda»: ¿la intervención está protegiendo al niño o está contribuyendo a profundizar el conflicto de los adultos?
La ausencia de consecuencias frente al incumplimiento sistemático de regímenes de comunicación o el uso de denuncias falsas como mecanismo de presión envía, según la autora, «un mensaje peligroso: manipular vínculos puede resultar efectivo».
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico de Huczek expone una falla estructural del aparato estatal que va más allá del derecho de familia: cuando las instituciones carecen de incentivos para resolver con rapidez y rigor, el costo lo absorben los más vulnerables. Un sistema judicial que tolera la manipulación procesal sin consecuencias no solo falla a los niños; erosiona la confianza en el Estado de derecho como garante de derechos individuales.
El interés superior del niño no es una consigna de resolución judicial; es un principio que exige celeridad, herramientas técnicas adecuadas y voluntad institucional de distinguir la protección genuina del uso político del expediente. Mientras esa voluntad falte, la infancia seguirá siendo moneda de cambio en conflictos que los adultos no supieron resolver.
