El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá ha identificado con claridad uno de los nudos que paralizan la política fiscal: las rigideces impuestas por leyes especiales reducen el margen de maniobra del Estado. Entre esas ataduras destaca la obligación de destinar el 7% del PIB a educación, un piso que el propio ministerio reconoce como fiscalmente difícil de sostener.
Sin embargo, el diagnóstico no ha generado acción. Hasta ahora, el Gobierno no ha presentado a la Asamblea Nacional ninguna iniciativa para revisar esas normas. El vacío entre el análisis técnico y la propuesta concreta se mantiene abierto.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras Economía señala el costo fiscal del mandato educativo, el Ministerio de Educación enfrenta sus propios problemas de ejecución presupuestaria. Es decir, el debate no es solo sobre cuánto se gasta, sino sobre la capacidad del aparato estatal de convertir recursos en resultados medibles.
Ese es el punto que el diagnóstico oficial todavía no aborda con suficiente profundidad. Antes de discutir si el piso del 7% debe subir, bajar o mantenerse, el país merece una discusión sobre eficiencia: qué retorno obtiene el contribuyente por cada balboa ejecutado en el sector.
El presupuesto de 2027 se perfila como la próxima ventana para demostrar que los diagnósticos pueden convertirse en reformas concretas.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el patrón es conocido en América Latina: los gobiernos identifican las distorsiones fiscales con precisión técnica y luego postergan indefinidamente las correcciones que generan costo político. Las rigideces presupuestarias no son un accidente; son el resultado acumulado de compromisos legales que ninguna administración quiso deshacer.
El capital busca reglas claras y finanzas públicas sostenibles. Un Estado que reconoce sus propias ineficiencias pero no actúa sobre ellas envía una señal de riesgo a los mercados: el diagnóstico correcto sin reforma equivale, en la práctica, a no tener diagnóstico. El Gobierno de Mulino tiene en el presupuesto de 2027 una oportunidad concreta de cerrar ese vacío; si vuelve a dejarlo abierto, el costo lo pagará la inversión privada en forma de mayor prima de riesgo.
