Entre 13.000 y 14.000 millones de dólares de origen petrolero venezolano permanecen bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, protegidos —según la columnista Soledad Morillo Belloso en La Patilla— por memorandos clasificados como «top secret» que ningún ciudadano externo al sistema puede consultar.
Morillo Belloso contextualiza la cifra con precisión: para una economía que mueve más de 28 billones de dólares, esos fondos son, en sus palabras, «tres gotas que resbalan por el borde de un vaso gigante». Para Venezuela, en cambio, representan «un tronco de palo de agua en medio de un largo y ardiente verano».
El argumento central de la columna no es que Washington haya confiscado el dinero, sino que lo administra en opacidad. «Ese dinero está guardado en un cuarto sin ventanas, vigilado por custodios que no hablan», escribe la autora. La crítica apunta al mecanismo, no a la retención en sí: la ausencia de auditoría pública convierte el «resguardo» en penumbra burocrática.
El otro vértice del análisis es más contundente. Morillo Belloso descarta que transferir los fondos al denominado «gobierno encargado» sea una alternativa viable: «son artesanos del saqueo, profesionales del desvío, especialistas en evaporar recursos públicos». En su lectura, no habría dilema real porque una de las dos opciones implica pérdida cierta e inmediata.
La columnista respalda el llamado de la congresista María Elvira Salazar para que la administración Trump rinda cuentas sobre esos fondos. Lo califica como «un acto de higiene democrática», no como una movida partidista, aunque reconoce que puede generar réditos electorales. La exigencia es concreta: «si está bajo resguardo, el resguardo debe ser visible, auditable, comprensible».
Morillo Belloso también apunta que el asunto debería incorporarse a las negociaciones en curso entre las partes venezolanas, a las que anticipa se les asignará «alguna nomenclatura cursi». El dinero, insiste, «no es ni de los hunos ni de los otros» y no pertenece al gobierno de Estados Unidos.
---
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso ilustra un principio que los mercados conocen bien: la opacidad tiene precio. Fondos soberanos sin trazabilidad pública no son resguardo; son pasivo político en espera de detonarse. La exigencia de auditoría que plantea Salazar no es retórica: es el mínimo estándar que cualquier administración de activos —pública o privada— debe cumplir ante sus legítimos propietarios.
El fondo de fondo es más simple todavía. Capital mal custodiado no genera retorno para nadie. Venezuela no puede darse el lujo de que 13.000 o 14.000 millones de dólares sigan en un limbo donde ni producen ni regresan. La transparencia no es una concesión política; es la condición mínima para que ese dinero algún día sirva al país que lo extrajo del subsuelo.
