Las empresas colombianas encajan, en promedio, más de 3.000 ciberataques por semana. El dato proviene del más reciente Panorama de Amenazas de FortiGuard Labs, que sitúa a Colombia como el tercer país con mayor número de incidentes cibernéticos en América Latina, solo detrás de Brasil y México. El reporte añade que Colombia concentra el 8 % de los ataques registrados en toda la región.
Las consecuencias no son abstractas. Un solo ciberataque puede generar pérdidas de hasta 6,3 millones de dólares e interrumpir la operación de una organización durante más de 36 horas, con efectos directos sobre la continuidad del negocio, la productividad y la confianza de clientes y aliados. En términos de flujo operativo, esas 36 horas representan un riesgo de capitalización que ningún balance puede ignorar.
Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, atribuye la escalada al salto cualitativo de las herramientas disponibles para los atacantes. «El uso de inteligencia artificial para desarrollar ataques más sofisticados, automatizados y difíciles de detectar exige que las compañías implementen una protección por niveles, donde distintas tecnologías resguarden cada punto de la infraestructura y funcionen de manera complementaria», señaló el directivo.
Entre las recomendaciones del informe figuran el fortalecimiento del control de acceso mediante modelos de verificación continua de usuarios y dispositivos, la protección del perímetro digital frente a ataques dirigidos a sitios web, aplicaciones, servicios en la nube y correos corporativos, y el monitoreo permanente de equipos conectados a redes empresariales. Maturana precisa que estas herramientas «utilizan cada vez con mayor frecuencia modelos de inteligencia artificial capaces de reconocer actividades inusuales que podrían pasar desapercibidas con los mecanismos tradicionales».
El documento también recomienda pruebas que simulen ataques reales para evaluar el nivel de preparación. «Estas evaluaciones permiten detectar fallas antes de que sean aprovechadas por un ciberdelincuente y definir planes de remediación según el nivel de riesgo de cada activo», indicó Maturana.
El informe concluye que los incidentes de ciberseguridad representan un riesgo que trasciende lo tecnológico, dado su impacto financiero y operativo sobre las organizaciones.
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La lectura de Ágora Capital es directa: el costo lo absorbe la empresa privada, no el aparato estatal. Cada millón perdido en un ataque es capital que no se reinvierte, margen que se evapora y empleo que no se crea. En un entorno donde el gobierno de Petro ha priorizado la expansión del gasto público sobre la seguridad jurídica y operativa del sector productivo, la ciberseguridad queda relegada a una decisión individual de cada firma. El mercado ya está respondiendo —la demanda de soluciones de protección crece— pero la ausencia de un marco regulatorio claro y de incentivos fiscales para la inversión en infraestructura digital deja a las empresas colombianas pagando, solas, una factura que solo seguirá subiendo.
