El Gobierno de Donald Trump rechazó renovar automáticamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años adicionales, hasta 2042. En su lugar, el acuerdo operará con revisiones anuales dentro de su vigencia original, que concluye en 2036. La primera reunión del proceso de revisión conjunta se celebró el 1 de julio de 2026, bajo la cláusula sunset del Artículo 34.7 del tratado.
El peso mexicano registró un retroceso tras el anuncio, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia al movimiento. «El tratado se mantiene, eso es muy importante», dijo en su conferencia matutina del 2 de julio. «Hay certidumbre en la inversión, tan hay certidumbre que se está invirtiendo y no se retiró Estados Unidos del tratado».
Los números cuentan otra historia. La inversión en México se contrajo en marzo y acumula caídas anuales continuas desde la transición entre las administraciones de López Obrador y Sheinbaum. En 2025, primer año del actual gobierno, la inversión pública se desplomó 28,4% real, la peor caída en gasto de obras en tres décadas, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.
Analistas de Banamex señalaron en una nota económica que las revisiones anuales «seguirán limitando la inversión privada» y «prolongarán la incertidumbre sobre las condiciones del tratado, lo que seguiría teniendo efectos adversos para la inversión». Priscila Robledo, economista en jefe de Fintual, precisó que el horizonte efectivo de planificación cae de 2042 a 2036, pero con revisión anual. «Muchos proyectos de nearshoring, autos, autopartes, data centers, maquinaria eléctrica o manufactura avanzada necesitan horizontes largos para justificar el gasto en capital», advirtió.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció que las revisiones anuales están contempladas en el tratado, pero alertó que prolongar la incertidumbre puede influir en la planeación de inversiones, «particularmente de las empresas que participan en las cadenas regionales de suministro, incluidas aquellas de origen estadounidense establecidas en México». El organismo llamó a México a consolidar el Estado de Derecho, garantizar seguridad para personas y empresas, asegurar energía suficiente y fortalecer la infraestructura logística. «En momentos de incertidumbre externa, nuestro país no puede generar incertidumbre adicional desde el ámbito interno», subrayó.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) pidió que las próximas rondas de negociación «privilegien la certidumbre jurídica» y que la revisión del T-MEC se convierta en una oportunidad para fortalecer la integración productiva, no en un factor que retrase inversiones o debilite cadenas de suministro. Delia Paredes, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), sintetizó el diagnóstico: las revisiones anuales «le meten un añadido de incertidumbre al T-MEC».
El mercado ya votó: el retroceso del peso y la cautela inversora reflejan que el capital exige reglas claras, no promesas de estabilidad desde un podio. Ocho años de administraciones de Morena han demostrado que el Estado de Derecho, la seguridad y la energía confiable no se construyen con optimismo presidencial. Mientras el aparato oficial celebra que el tratado «sigue vigente», la libre empresa descuenta que planear a doce años con revisión anual no es lo mismo que planear a dieciséis con certeza. El costo de esa diferencia lo pagará el empleo manufacturero mexicano.
