Colombia cerró mayo con una tasa de desempleo cercana al 8%, uno de sus mejores registros recientes. Pero el otro número, el que no celebra ningún ministro, sigue inamovible: la informalidad ronda el 55% de la población ocupada.
Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, fue directo en entrevista con Bloomberg Línea: «La formalización no debe verse como el resultado de un decreto o de una norma. Tiene que representar beneficios concretos para las personas y para las empresas».
Tres palancas, no una
El diagnóstico de Cardona parte de un error de origen: tratar la informalidad como un bloque homogéneo. «No es la misma realidad de la informalidad en Medellín que en Cúcuta, ni tampoco entre los distintos sectores económicos», señaló. La primera tarea, entonces, es consolidar la información dispersa para identificar quiénes trabajan en la informalidad, dónde están y en qué actividades.
La segunda palanca es la productividad. Cerca del 80% de los trabajadores colombianos se desempeñan en micro y pequeñas empresas. «Sin una mejora sostenida en la productividad de las empresas no podremos hablar de una formalización sostenible», advirtió Cardona. Cualquier política que mejore condiciones laborales sin fortalecer la capacidad productiva de esas compañías simplemente traslada el costo hasta que la empresa cierra o despide.
La tercera es eliminar la burocracia que desincentiva el paso a la formalidad. «No puede ser que una microempresa tenga que atravesar una cantidad de trámites que terminan desincentivando el proceso de formalización», afirmó. El acceso a asistencia técnica, financiamiento y bancarización deben convertirse en incentivos tangibles, no en promesas de folleto.
El recargo dominical y el diálogo social
Consultado sobre el incremento del recargo por trabajo dominical y festivo —medida impulsada por el gobierno de Gustavo Petro—, Cardona evitó pronunciarse sobre su contenido, pero lanzó una señal inequívoca: «La preocupación de la OIT no es el contenido de las normas que adopta cada país, sino que esas normas sean el resultado de un diálogo social de buena fe, transparente y en el que empleadores y trabajadores hayan sido escuchados». Según el funcionario, esa recomendación ya fue formulada al Gobierno colombiano en espacios internacionales.
El riesgo climático multiplica la exposición
Un estudio del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), elaborado con datos del Banco Mundial, el DANE y el IDEAM, añade otra capa de vulnerabilidad. Un fortalecimiento del fenómeno de El Niño entre julio de 2026 y febrero de 2027 podría costarle al país COP$10,69 billones en productividad, equivalentes al 0,57% del PIB. El 84% de esas pérdidas recaería sobre trabajadores informales, precisamente quienes carecen de red de protección. Agricultura, comercio, construcción, transporte y alojamiento encabezan la lista de sectores vulnerables.
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El mercado ya votó sobre la informalidad colombiana: cuando formalizarse cuesta más de lo que rinde, el trabajador y el empresario eligen quedarse fuera. La receta de la OIT no es ideológica; es de incentivos. Menos trámites, más productividad, beneficios concretos. Lo que el gobierno Petro ha hecho, en cambio, es encarecer el trabajo formal vía recargos sin completar ese ciclo de simplificación y productividad. El resultado predecible es que el 55% no baje, sino que encuentre nuevas razones para mantenerse. Capital busca reglas claras, y los trabajadores informales, aunque no lo digan así, también.
