Una jueza federal del Distrito Norte de California ordenó el domingo al Pentágono que no trate a Alibaba Group Holding Ltd. como una empresa militar china en lo que respecta a la restricción sobre el cabildeo. La medida cautelar se mantendrá hasta que el tribunal resuelva una moción presentada por la empresa o hasta 60 días después de que se celebre la vista correspondiente, lo que ocurra primero.
La orden llega días después de que entrara en vigor una nueva ley estadounidense dirigida contra empresas que presuntamente prestan apoyo al ejército chino. La restricción prohíbe al Departamento de Defensa colaborar con cualquier empresa representada por grupos de presión que también trabajen para entidades incluidas en la lista negra del Pentágono por sus supuestos vínculos con las fuerzas armadas chinas.
El efecto práctico fue inmediato: las firmas de cabildeo más influyentes de Washington se apresuraron a romper sus vínculos con gigantes tecnológicos chinos, entre ellos Alibaba, según informó Bloomberg News. La ley obligó a esos despachos a elegir entre representar a empresas chinas o a contratistas de defensa estadounidenses. La decisión, en todos los casos, fue abandonar a las primeras.
La acción de Alibaba en el Nasdaq cotizaba con una caída de 1,89%, a 96,14 dólares, al momento de publicarse la información. El mercado ya había descontado parte del riesgo regulatorio, aunque la exención temporal abre un margen de incertidumbre sobre el alcance definitivo de la norma.
El caso pondrá a prueba la capacidad del Gobierno de Estados Unidos para restringir las actividades de empresas chinas en suelo estadounidense a través de mecanismos indirectos: no la prohibición directa de operar, sino el corte de los canales de acceso político e institucional. Es una estrategia de contención por asfixia burocrática.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra una tensión de fondo que el mercado no puede ignorar: cuando el aparato estatal utiliza la regulación de defensa para disciplinar a actores privados extranjeros, las reglas del juego cambian de forma impredecible para todos los participantes. La exención temporal no resuelve el problema de fondo; solo lo suspende. Capital busca reglas claras, y una ley cuya constitucionalidad está bajo escrutinio judicial no las ofrece.
Lo que sí queda claro es el principio en disputa: hasta dónde puede llegar Washington al usar el acceso institucional como palanca de política exterior. La respuesta que dé el tribunal en California tendrá consecuencias que van mucho más allá de los pasillos del Pentágono.
