Las filas en las gasolineras rusas ya miden kilómetros. En Irkutsk, ciudad siberiana ubicada a unos 3.000 kilómetros del frente, las autoridades locales prometieron instalar baños portátiles a lo largo de las colas de vehículos. Alyona Sadovnikova, de 26 años, contó al New York Times que ella, su marido y su bebé de 18 meses esperaron desde las 11 de la noche de un viernes hasta las 5 de la tarde del sábado siguiente —18 horas en total— antes de poder cargar combustible.
«¿Estamos de vuelta en la Unión Soviética, donde necesitabas cupones para comprar salchichas?», preguntó Sadovnikova al recordar el momento en que una gasolinera le negó el servicio por no tener cartilla de racionamiento.
El detonante es la campaña de drones de largo alcance que Ucrania sostiene contra refinerías e instalaciones petroleras en territorio ruso. Analistas de energía estiman que más del 25% de la capacidad de refinación de Rusia ha sido sacada de operación por los ataques. El propio presidente de la mayor petrolera del país calificó los daños de «sin precedentes» en una carta dirigida al presidente Vladímir Putin que fue filtrada al diario Kommersant.
El sábado 5 de julio, Ucrania extendió los ataques a una terminal petrolera en San Petersburgo, la misma que ya había sido blanco en junio durante la conferencia económica insignia de Putin.
El Kremlin ha respondido con medidas de emergencia: prohibió las exportaciones de gasolina y combustible para aviones con el fin de preservar el suministro doméstico e incluso comenzó a importar gasolina desde India, paradoja mayúscula para uno de los mayores productores de crudo del planeta. En Crimea —la península ucraniana anexada ilegalmente por Rusia en 2014— las autoridades reservaron el combustible disponible casi en exclusiva para servicios municipales y de emergencia, suspendiendo las ventas al público. El líder local respaldado por Moscú advirtió en redes sociales que «grandes volúmenes de combustible no estarán a la venta en el futuro inmediato».
Mientras tanto, el viceprimer ministro Alexander Novak calificó el mercado de combustible como «no fácil, pero controlable», y el ministro de Finanzas Anton Siluanov llegó a negar que la crisis haya generado un alza en los precios de la gasolina. Los hechos contradicen esa versión: los precios suben, peleas entre conductores frustrados se reportan en distintas ciudades y en Krasnodar, la tercera región más grande de Rusia, al menos un tercio de las gasolineras ha cerrado sus puertas, según declaraciones de un funcionario local.
La escasez de combustible se suma a una economía ya bajo presión severa: alta inflación, tasas de interés elevadas para contenerla y un aumento en los defaults corporativos que alimenta temores sobre una posible crisis bancaria.
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Lo que revelan estas imágenes —filas interminables, cupones de racionamiento, baños portátiles en la banquina— es el costo real que una economía de guerra impone sobre sus propios ciudadanos. Putin apostó a que Occidente y Ucrania se agotarían antes que su aparato estatal. La aritmética del combustible sugiere lo contrario: cuando el Estado absorbe los recursos para sostener una guerra, es el mercado interno el que paga la factura. Capital busca reglas claras, y ningún inversor serio lee «controlable» en boca de un viceprimer ministro cuando un tercio de las gasolineras de una región ha cerrado.
